Un gobierno en funciones no puede aprobar la ley Sinde

Hoy verás este texto en decenas de blogs. Si estás de acuerdo con él, puedes reproducirlo donde consideres oportuno.

Ante la previsible aprobación de la polémica “Ley Sinde”, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet seguimos manifestando –como hicimos en el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet de 2 de Diciembre de 2009- nuestra firme oposición a una norma que incluye modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet.

En principio no parece de recibo que un Gobierno en funciones adopte esta decisión en su último o uno de sus últimos Consejos de Ministros. Sería doblemente grave que se confirmaran las presiones ejercidas por EEUU, a través de su embajada en Madrid, como revelaron los cables de Wikileaks.

En todo caso insistimos en estos razonamientos:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

De la ley electoral, el distrito único y la justicia de 1 hombre 1 voto

Mucho se está hablando hoy, y previsiblemente las próximas semanas, sobre lo injusto del reparto de los diputados, la penalización a las formaciones pequeñas que se presentan en todo el país, y la sobrerrepresentación de aquellas formaciones locales/regionales con menos votos que otras pero con muchos más diputados.

Y, resumidamente, se acusa al sistema de la Ley D'Hont.

Y es que es fácil criticar cualquier cosa, pero mejor es saber de lo que se habla. En diversas asignaturas de GAP he trabajado este tema, y hemos analizado distintas alternativas. Intentaré explicar una de ellas y ofrecer los resultados que tendríamos.

Porque quedaría también la opción de un distrito único al Congreso y una reforma del Senado, pero me parece que en un estado regional, casi federal, como el nuestro, no sería adecuado un sistema de circunscripción única al estilo de las elecciones europeas. Porque en aquellas regiones de las no consideradas "históricas" (aunque fuéramos reinos cuando otros eran una simple zona dominada por otros reinos históricos), donde siguen siendo hegemónicos PP y PSOE, quitar las listas locales dejaría al aparato de los partidos en Madrid toda capacidad de decisión.

Y si algo de bueno tiene el sistema actual de provincias, es el que sabes quién es tu diputado, y si Saura vota en Madrid contra el trasvase del Ebro, pues lo puedes seguir señalando con el dedo toda la vida.

Y si Arsenio Pacheco se atreve, como hizo, a votar contra el Estatuto de Castilla La Mancha, pues viene, se le aplaude, se le dan las medallas merecidas, y se puede, como algunos hicimos anoche, estrechar la mano a alguien que antepone los intereses de su tierra, la que lo ha elegido, a los de unas siglas.

El diario digital La Información publica este gráfico sobre cómo quedaría el parlamento si todos los votos "valieran lo mismo", lo que significa que no hubiera papeletas distintas para cada provincia, sino que existiera una lista única para cada partido en toda España, y se hiciera un reparto general a nivel nacional, un "distrito electoral único".

Mi idea de distribución electoral, si se mantienen los 350 diputados actuales para poder comparar, sería la siguiente:

Cambiar la circunscripción provincial, ampliándolas a toda la región. Es decir, que cada comunidad autónoma fuera una única circunscripción, por lo que se mantendría la cercanía al ciudadano, pero se mejoraría la representatividad y el justo reparto.

Con ello, quedaría eliminado el mínimo actual de 2 diputados por provincia, que sobrerrepresenta a algunas provincias muy pequeñas, y le quita diputados al resto. Con ello, habría 50 diputados libres que quedarían para un mejor justo según la población de las distintas zonas, pero que con el cambio del tamaño de circunscripción esto también se solventaría automáticamente.

Dado el tamaño poblacional de la mayoría de las comunidades autónomas, no sería necesario establecer un mínimo de diputados por región. (Actualmente, La Rioja es la región con menos diputados, 4). Y Ceuta y Melilla ya eligen solamente a uno.

El mínimo de un porcentaje de votos para acceder al reparto de votos es prescindible y ya no tiene sentido, por lo que no es necesario, ya que no corremos los riesgos que pudiera haber en la Transición, de donde proviene nuestro actual sistema. El que consiga los votos necesarios en una región para tener un diputado, lo consigue, sin más.

Ahora trataremos los datos de voto de cada región, para comparar con los resultados reales de 2011 y con el reparto visto en la imagen de arriba de un supuesto sistema de circunscripción única.

Con esto podremos comparar como quedarían, por ejemplo UPyD, IU y en menor medida EQUO, los grandes afectados del sistema actual, y ver si seguirían estando tan afectados por el sistema propuesto. Vamos a ello, región a región.

Nota: los datos de población y votantes son los del Informe Provisional del Ministerio de Interior, disponible aquí: http://www.generales2011.mir.es/ini99v.htm

Censo por comunidades y asignación de diputados a cada circunscripción regional.

Ahora, comunidad por comunidad, vemos como se asignarían los diputados, manteniendo la Ley D'Hont pero con la nueva circunscripción que vamos a aplicar a la suma de todas las provincias.

En esta web tenemos un simulador para poder hacer los cálculos: http://icon.cat/util/elections

Una vez asignados los diputados a cada candidatura, haciendo el reparto según la Ley D'Hont con los votos en cada región, los sumamos para comprobar lo que cada partido/coalación suma a nivel nacional. En esta tabla y en el gráfico posterior, comparamos los resultados provisionales con el sistema actual, con el reparto a circunscripción única, y con la propuesta que estamos calculando.

Y ya está, esto es lo que nos daría. Los dos grandes partidos no estarían sobrerrepresentados en el nivel que hoy sucede, los partidos minoritarios nacionales alcanzan una presencia importante, y los partidos locales/regionales (los comúnmente llamados nacionalistas) se estabilizan en unos datos que casi se clavan.

Si hiciéramos otra tabla comparando la diferencia entre el porcentaje de votos y porcentaje de diputados, veríamos que esta desviación se reduciría en gran medida.

En resumen, encontraríamos un sistema bastante más equitativo y proporcionado, sin perder la cercanía con el elector que dan las circunscripciones, y terminaríamos la sobrerrepresentación de los pequeños terriotorios y la injusticia del coste por diputado entre los pequeños nacionales y los pequeños locales.

Cualquier cambio en un sistema electoral debería hacerse desde la reflexión, el sosiego y el máximo consenso posible, por lo importante que es tener unas reglas del juego claras y persistentes para el mantenimiento de un sistema democrático. No hay que tomar decisiones en caliente, ni dejarse llevar por la corriente. Todos podemos entender que cualquier partido no renunciaría porque sí a un sistema que le beneficia, pero también que ninguna solución acabará convenciendo al cien por cien a todos los agentes implicados.

Pero quizá en el término medio puede estar la virtud, en algo que pueda suponer un encuentro de todos sin satisfacer al máximo las pretensiones de ningún grupo de partidos en concreto, ni los dos grandes, ni los pequeños, ni los periféricos, pero siempre pensando en el pueblo y en favorecer una justa representación en el parlamento de todos, entendiendo el malestar que actualmente existe en amplios sectores del electorado con las normas de la LOREG.

Y si alguien se podía rasgar las vestiduras diciendo que la Constitución no lo permite, ya hemos visto este año que ni es intocable ni hace falta mucho para poder cambiarla, simplemente voluntad.

Gracias por vuestra atención y por aquellos comentarios que queráis aportar.